¿Cuánto cuesta la parte patrimonial (liquidación de la comunidad y compensación económica) en un divorcio en la nueva ley 27423 de honorarios de Nación?

En un divorcio ¿Cuánto sale lo relativo a la parte patrimonial (división de bienes gananciales y la nueva "compensación económica", entre otros)?

En este artículo analizamos los costos asociados al divorcio, que son adicionales al divorcio en sí (es decir, la disolución del vínculo).

Se trata de los efectos del divorcio (en este caso, lo relativo a la liquidación de la comunidad o sociedad conyugal), que no siempre requieren de la intervención de un abogado ni de la justicia, pero son efectos relacionados, que vale la pena analizar.

Cuánto sale la Liquidación de la sociedad conyugal - División de bienes – Y cuánto sale el proceso de reclamo de Compensación Económica

La Liquidación de la sociedad conyugal (hoy liquidación de la "comunidad de bienes", en el nuevo Código Civil y Comercial) es uno de los aspectos más caros de un divorcio.

Y también suele ser uno de los más reñidos entre los cónyuges (ver nuestra sección respectiva aquí).

Al respecto, establece el art. 45 que “En la liquidación y disolución del régimen patrimonial del matrimonio se regularán honorarios al patrocinante o apoderado de cada parte conforme la escala del artículo 21 calculado sobre el patrimonio que se le adjudique a su patrocinado o representado.”

La norma se refiere a la escala que resulta de lo siguiente: La ley de honorarios instituye la UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, una unidad de cálculo de los honorarios que equivaldrá al 3 % de la remuneración básica asignada al cargo de juez federal de primera instancia (Aún no se ha publicado el valor actual de la UMA). Así, en los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, los honorarios se fijan de acuerdo con una escala decreciente de acuerdo a la mayor cuantía, que va desde el 12% hasta el 33%.

A mayo de 2019, el valor de la UMA es de $2.075. Y la escala varía conforme al siguiente esquema, según el monto del asunto:

Por lo demás, en similar sentido, en lo relativo a otros procesos derivados del divorcio, de contenido patrimonial, como el reclamo de compensación económica, el art. 22 dispone que “En los juicios por cobro de sumas de dinero, a los fines de la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, la cuantía del asunto será el monto de la demanda o reconvención; si hubiera sentencia será el de la liquidación que resulte de la misma, actualizado por intereses si correspondiere. En caso de transacción, la cuantía será el monto de la misma.   Si fuere íntegramente desestimada la demanda o la reconvención, se tendrá como valor del pleito el importe de la misma, actualizado por intereses al momento de la sentencia, si ello correspondiere, disminuido en un 30%, o, en los procesos de monto indeterminado, según la pericia contable, si existiere.”

La ley determina que los mínimos son de orden público, y que la renuncia anticipada de honorarios y el pacto o convenio que tienda a reducirlos serán nulos de nulidad absoluta, con limitadas excepciones. Incluso prevé que el profesional que hubiere renunciado anticipadamente a sus honorarios o convenido un monto inferior al previsto en esta ley incurrirá en falta de ética. Pero esto último fue vetado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Sin perjuicio de lo establecido en la ley, se estila celebrar un "pacto de CUOTA LITIS" (es decir, un honorario porcentual sobre el resultado).

En nuestro caso, nosotros proponemos fijar porcentuales variables, según la etapa del conflicto (es decir, mientras menos trabajo requiera, menor es el honorario) y también dependientes del valor (decrecientes en forma inversamente proporcional al mayor valor) de los bienes (cuando hay bienes de valor, el valor porcentual tiene a disminuir significativamente).